Hace unos días preguntábamos si que Open government lo harían las empresas, y también bajo que preceptos podrían definirse Open las decisiones que se adoptan en el complejo proceso de las mismas. También deberíamos preguntarnos quienes toman las decisiones que otorgan prioridad de financiación de proyectos de eGovernment, para mejorar el equilibrio entre eficiencia del uso de recursos y servicios a los ciudadanos.
“Tal vez deberíamos dejar de hablar de m-gobierno como si es algo diferente y especial, y la mayoría de las veces no lo es”
Nick Jones lanza desde su blog en Gartner la frase que proclama una contracorriente respecto del desarrollo de algunas aplicaciones de mGovernment. Claro está que Jones no se opone por completo al desarrollo de aplicaciones en tanto represente un valor añadido diferencial para la jurisdicción que financia los proyectos, pero es contundente a la hora de encontrar una respuesta transparente a su pregunta ciudadana “que se hace con mi dinero”.
La crítica se dirige a la UE que al parecer financia algunos proyectos que no dejan claro la función diferencial de tales proyectos. Es decir, que las respuestas no satisfacen a las preguntas que justifican la inversión:
1) El valor añadido es tan crucial que justifica realmente la financiación.
2) El desarrollo de estas aplicaciones contribuye estableciendo un diferencial de servicios al ciudadano que otros canales no pueden igualar.
3) Que necesidad satisfacen esas aplicaciones que el mercado no esté desarrollando.
Parece claro que algunos proyectos que se financian en el caso del mGovernment constituyen decisiones de algunos políticos que lo consideran oportuno o innovador, desconociendo el sector y las aplicaciones que el mercado desarrolla.
El cuestionamiento es “la necesidad que satisfacen”, en realidad, si duplican las que satisfacen otros canales. El desarrollo de aplicaciones G2C y G2E que se cuestiona como actividades innecesarias, están insumiendo recursos que podrían disponerse de otro modo a otros proyectos..
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