Días atrás los periódicos volvían a hablar de Venezuela, y más insistente de Movistar (Telefónica). Mientras la empresa “presionaba” a Portugal la compra de Vivo (Brasil) por más del doble de su valor, Venezuela recibía como respuesta de la empresa que sus “ofertas de conectividad” eran prácticamente las mismas en todo el mundo. Y menuda incógnita nos deja..
“Cómo desarrolla China el internet y la forma en que es manejado es asunto del pueblo de China”..
La cuestión Internet se ha sumado a desequilibrios de índole comercial, desacuerdos políticos y otros temas como derechos humanos que están afectando las relaciones entre la primera y la tercera economía del mundo.
Esta claro que el problema debía salir a la superficie, tarde o temprano. Tampoco es cuestión de llevarnos las manos a la cabeza, algunos se enteraron ayer y hoy quieren erigirse en paladines de la justicia, a pesar que las advertencias vienen de mucho más atrás.
La discusión lleva unos 25 años, pero como ocurre siempre, hasta que el agua no está en el cuello, la preocupación es menor. Queda por esclacerecer aún si existe alguna posibilidad de que Internet como medio tenga ser sometida a algún tipo de legislación. En tanto la normativa sigue su curso sin incluir algunas circunstancias, o sin interesar demasiado, en definitiva la confianza es escasa.
Si a un gobierno se le escapa el control absoluto de cuanto ocurre en un espacio específico, ese espacio es Internet, y esto no es algo que los gobiernos vean con agrado. Pero regular a efectos de la propiedad intelectual hace pensar que existe una percepción de control sobre una actividad industrial específica en la que los ciudadanos pierden, y ceden sus derechos.
Sin embargo, en esta ocasión específica, la deliberación acerca de la propiedad intelectual pasó por Bruselas, no se extendió por la propia Internet en foros institucionalizados y este es un error Institucional. La deliberación se produjo en ciertas zonas periféricas de la red, en “las esquinas donde algunos nos juntamos y hablamos de conecectividad”, allí donde las Instituciones no llegan, no se preocupan en llegar (escucha activa), y no les interesa llegar, debido a posibles resistencias al contenido legislativo.
Pero ello no es todo, los internautas llegan bastante más tarde. Pretenden deliberar hoy, cuando el tiempo de la deliberación pasó. Y no es la primera vez que les ocurre. Pasó con el Canon, con la tarifa plana (deliberaciones fuera de tiempo y espacio) y ahora con la propiedad intelectual.
Esto deja al menos un aprendizaje:
Lo dijimos hace unos días, las incompatibilidades en materia de legislación eran más que importante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
No nos extraña que Zapatero haya incluido en el paquete de la Ley de Economía sostenible la posibilidad de un corte de conexión al servicio de Internet, priorizando los derechos de autor por sobre los derechos individuales fundamentales.
Este choque entre derechos y voluntad de inclusión, que eleva unos por sobre los jerárquicamente superiores, produce un desequilibrio fundamental en materia legislativa, ya que lo accesorio sigue a lo principal, colocar lo accesorio por encima es como poner los caballos delante de la carreta.
Mucho dospuntocero en la tinta digital de permanente agitación, pero en el profundo abrazo del concepto se pierde en contraposición con la realidad, la norma de servicio universal y su compatibilidad con la norma de la UE.
Mientras 30 escasos días separan el cumplimiento de la ley (11/2007) por parte de las administraciones públicas, de su incumplimiento (y nunca más irresponsable el incumplimiento de parte del propio legislador y ejecutor de la ley) , el gobierno español (léase parlamento conjunto) debe aprobar de algún modo la creación de la figura del defensor del usuario de la eAdministración.
Sin pensarlo mucho, la incompatibilidad de derechos de uso de la eAdministración y de derechos mercantiles de un grupo de importante de empresas, entrechocan con una nitidez que deja en claro aquello que tantas y tantas veces dijimos aquí.
Los excesos que están provocando la defensa del derecho de comercio en el mercado, han abierto la puerta del cuestionamiento de los servicios universales, especialmente en el caso de países que incorporan el servicio universal a Internet, dicho sea de paso, servicio universal es distinto de derecho.
Cuando hablamos de Finlandia por su adopción de internet como derecho universal, lo hicimos observando que a pesar de iniciar con un mega de velocidad en julio 2010, se proponía incrementarlo a 100mg en 5 años.
Finlandia, lejos de una declaración pública, transformó el servicio universal en hecho, con caracter y fuerza legal, pudiendo presumir además de adaptar la legislación a las necesidades de contexto, lo cual habla mucho de su proyección estratégica y la capacidad de respuesta desde su clase política.
Este supuesto de legislación móvil, hace que la propuesta tome un caracter flexible, no se queda solo en garantizar un mínimo. El corto plazo es el acceso, el plazo intermedio es un mega, y el paso posterior es incremenal a 100 megas en 5 solo años.
En estos días, el ministro Sebastián anunció en un foro que a partír del 1º de enero 2011, Internet también será un servicio universal en España. El link oficial a la página del ministerio otorga entidad al anuncio.
Finlandia hoy (6,10), de acuerdo a estudios realizados en conectividad es el cuarto país del mundo, detrás de EEUU (6,97), Suecia (6,83), Japón (6,80), Canadá (6,50). En el mismo estudio España se encuentra por encíma del antepenúltimo con 3,56 entre los 16 países medidos. El Networked Readiness Index, que es es una ponderación de métricas y opiniones, y establece la posición relativa de los países en términos de disponibilidad, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones, pone a Finlandia en el 6º puesto y a España en el 34.
¿Cual es la diferencia (si existe) entre ambos casos de universalización de derecho a internet?
A veces, los políticos cansados de tanto cuestionamiento, se preguntan si los motivos por los que la legitimidad de las instituciones ingresa en una caida libre, resulta de la realidad aumentada de las redes, y otras, si es injustificable que la legitimidad constituya un barómetro del estado de ánimo social.
Los políticos son quienes más hacen en contra de la institución pública y en favor de la emergencia de mayores cuestionamientos, son las construcciones discursivas en que incurren con frecuencia ellos mismos, provocando indiganación y despilfarrando confianza, recurso escaso e incomprable en los mercados. Así se establece una realidad mínima..
Decir que “España es pionera en banda ancha” es a ojos de los internautas un insulto, pero agregar que el 88% lo hace a más de 2 megas y un 37% más barato que el resto de la UE, es algo parecido a tratarnos de idiotas. A lo mejor, la productividad de la acción de gobierno para transformarla en una mirada positiva es mayor si la boca ancha enmudece antes de faltar a la verdad, o bien no utilizar de base mediciones algo confusas.
Abreviando podemos decir:
1) En velocidad de subida España se encuentra nº94, que es la que influyen en la generación de “contenidos“,
