Mucho dospuntocero en la tinta digital de permanente agitación, pero en el profundo abrazo del concepto se pierde en contraposición con la realidad, la norma de servicio universal y su compatibilidad con la norma de la UE.
Mientras 30 escasos días separan el cumplimiento de la ley (11/2007) por parte de las administraciones públicas, de su incumplimiento (y nunca más irresponsable el incumplimiento de parte del propio legislador y ejecutor de la ley) , el gobierno español (léase parlamento conjunto) debe aprobar de algún modo la creación de la figura del defensor del usuario de la eAdministración.
Sin pensarlo mucho, la incompatibilidad de derechos de uso de la eAdministración y de derechos mercantiles de un grupo de importante de empresas, entrechocan con una nitidez que deja en claro aquello que tantas y tantas veces dijimos aquí.
Los excesos que están provocando la defensa del derecho de comercio en el mercado, han abierto la puerta del cuestionamiento de los servicios universales, especialmente en el caso de países que incorporan el servicio universal a Internet, dicho sea de paso, servicio universal es distinto de derecho.
Cuando hablamos de Finlandia por su adopción de internet como derecho universal, lo hicimos observando que a pesar de iniciar con un mega de velocidad en julio 2010, se proponía incrementarlo a 100mg en 5 años.
Finlandia, lejos de una declaración pública, transformó el servicio universal en hecho, con caracter y fuerza legal, pudiendo presumir además de adaptar la legislación a las necesidades de contexto, lo cual habla mucho de su proyección estratégica y la capacidad de respuesta desde su clase política.
Este supuesto de legislación móvil, hace que la propuesta tome un caracter flexible, no se queda solo en garantizar un mínimo. El corto plazo es el acceso, el plazo intermedio es un mega, y el paso posterior es incremenal a 100 megas en 5 solo años.
En estos días, el ministro Sebastián anunció en un foro que a partír del 1º de enero 2011, Internet también será un servicio universal en España. El link oficial a la página del ministerio otorga entidad al anuncio.
Finlandia hoy (6,10), de acuerdo a estudios realizados en conectividad es el cuarto país del mundo, detrás de EEUU (6,97), Suecia (6,83), Japón (6,80), Canadá (6,50). En el mismo estudio España se encuentra por encíma del antepenúltimo con 3,56 entre los 16 países medidos. El Networked Readiness Index, que es es una ponderación de métricas y opiniones, y establece la posición relativa de los países en términos de disponibilidad, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones, pone a Finlandia en el 6º puesto y a España en el 34.
¿Cual es la diferencia (si existe) entre ambos casos de universalización de derecho a internet?
El gobierno finlandés acaba de introducir en la legislación el derecho universal de acceso a Internet para sus 5,5 millones de ciudadanos con 1 Mb (Mega bytes por segundo) de banda ancha, semejante noticia ha tenido una espiral de repercuciones en las blogósferas de muchos lugares del mundo.
Este derecho universal y básico será efectivo desde julio 2010 según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este es el inicio de una estrategia de mediano plazo que aspira a incrementar 900% de velocidad en 5 años (100 Mb en 2015). La propuesta de 1Mg es acorde a la realidad que la banda ancha está tomando, y como se está proponiendo en España hoy, a pesar de las dificultades.
¿Que ha hecho Finlandia en esta materia y en referencia al eGobierno?
Finlandia pasa a formar parte de los pocos países que han adoptado como derecho básico de sus ciudadanos el acceso a Internet, ya en 2003 se lanzaban las primeras propuestas que fueron recogidas en la declaración de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico 2007. Suiza es líder en esta materia.
Ante la pregunta inquisitiva ¿para quién un gobierno electrónico? Finlandia responde un forma contundente:
1) Universalidad de derechos de acceso para todos los ciudadanos (conectividad).
2) Fortalecimiento de las instituciones democráticas (institucionalidad).
3) Garantiza el acceso a Servicios Electrónicos para todos los ciudadanos, mejora en su relación con la AAPP (eAdministración).
