Con el objeto de informar, sensibilizar y formar a los directivos y funcionarios de los gobiernos regionales, municipales provinciales y distritales, ONGEI convocó un seminario para el entorno de agentes que trabajan en el sector público, prensa regional y local, acerca de los beneficios de la implementación de la Política Nacional del Gobierno Electrónico e Informática, su contribución en el proceso de modernización y descentralización de la gestión del Estado y avances del mismo.
ONGEI es el organismo que monitoriza el gobierno electrónico, su nombre es la sigla constituida por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico de Perú. En el programa se informa de los distintos aspectos abordados, aquí traemos un vídeo twitteado por ONGEI.
Sumados los innumerables post que traen las alertas de publicaciones en la red, Jordi Sevilla apuntala la clientalización del ciudadano en la administración electrónica. Sin embargo, ciudadanos instituidos en clientes o subordinados, no resultan a grandes rasgos, la expresión social que demandan “las reformas que necesitamos”.
Con sumo respeto a tan importante personalidad, creo que esta categorización clientelar es cuanto menos tendenciosa, conducida por el imperio comercial al que solo le resta la captura de la cultura pública para alcanzar su máxima expresión.
Con larga trayectoria, la historia manifiesta que la subordinación social al yugo del Estado, institucionalizado en formas de absolutismos, desde reyes a suedo-democracias, han transformado al ciudadano y su comunidad (en tanto seres humanos en convivencia social normatizada), en una infinita suma de ceros, sin más valor que cuanto representan como objeto de expropiación impositiva.
Esta claro que el problema debía salir a la superficie, tarde o temprano. Tampoco es cuestión de llevarnos las manos a la cabeza, algunos se enteraron ayer y hoy quieren erigirse en paladines de la justicia, a pesar que las advertencias vienen de mucho más atrás.
La discusión lleva unos 25 años, pero como ocurre siempre, hasta que el agua no está en el cuello, la preocupación es menor. Queda por esclacerecer aún si existe alguna posibilidad de que Internet como medio tenga ser sometida a algún tipo de legislación. En tanto la normativa sigue su curso sin incluir algunas circunstancias, o sin interesar demasiado, en definitiva la confianza es escasa.
Si a un gobierno se le escapa el control absoluto de cuanto ocurre en un espacio específico, ese espacio es Internet, y esto no es algo que los gobiernos vean con agrado. Pero regular a efectos de la propiedad intelectual hace pensar que existe una percepción de control sobre una actividad industrial específica en la que los ciudadanos pierden, y ceden sus derechos.
Sin embargo, en esta ocasión específica, la deliberación acerca de la propiedad intelectual pasó por Bruselas, no se extendió por la propia Internet en foros institucionalizados y este es un error Institucional. La deliberación se produjo en ciertas zonas periféricas de la red, en “las esquinas donde algunos nos juntamos y hablamos de conecectividad”, allí donde las Instituciones no llegan, no se preocupan en llegar (escucha activa), y no les interesa llegar, debido a posibles resistencias al contenido legislativo.
Pero ello no es todo, los internautas llegan bastante más tarde. Pretenden deliberar hoy, cuando el tiempo de la deliberación pasó. Y no es la primera vez que les ocurre. Pasó con el Canon, con la tarifa plana (deliberaciones fuera de tiempo y espacio) y ahora con la propiedad intelectual.
Esto deja al menos un aprendizaje:
Lo dijimos hace unos días, las incompatibilidades en materia de legislación eran más que importante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
No nos extraña que Zapatero haya incluido en el paquete de la Ley de Economía sostenible la posibilidad de un corte de conexión al servicio de Internet, priorizando los derechos de autor por sobre los derechos individuales fundamentales.
Este choque entre derechos y voluntad de inclusión, que eleva unos por sobre los jerárquicamente superiores, produce un desequilibrio fundamental en materia legislativa, ya que lo accesorio sigue a lo principal, colocar lo accesorio por encima es como poner los caballos delante de la carreta.









