Mientras queda demostrado (y lo advertimos mil veces) que el talón de Aquiles de la administración electrónica son los municipios, las localidades, y los pueblitos rurales, queda en evidencia que prescindir de lo social invirtiendo en harward tecnológico no ayudó de mucho. Y que el riesgo de exclusión está aunque no se vea…
Cuando hablamos del gobierno electrónico y social, nos referimos precisamente, a que el hecho ineludible del acto de gobernar, no puede, no debe, ni debería pensarse fuera del factor social. Por tanto, invertir en tecnología con criterio, jamás es compatible con la situación de precariedad social que persiste en la inmensa mayoría de países, aún los del primer mundo.
La falta de seriedad, la concesión a las presiones de los grupos de interés, que aún cuando pongan a los países en la cúspide del ranking de e-Gobierno deja al desnudo la cruda realidad: Ni se han transformado las instituciones, ni se empoderó a los ciudadanos, ni mejoró la calidad de vida, ni el populismo electrónico del regalo en masa de aparatos fue capaz de encubrir la gestión lamentable del e-Gobierno.
Mientras emergían hacia 1997 las andanzas de muchos novatos en Internet (me incluyo), pensamos que la organización marginal de alguna forma de opinión libre, plural, elevaría a la cúspide de la agenda pública, la deliberación sobre prioridades que se encierran en círculos más o menos permeables, políticos y sociales. Y todo ello, cuando la actividad social estaba cuestionada por una liberalísima y capitalista NGP que sofocaba todas las argumentaciones.
Instalada la Web Social, la masa crítica estaba en su punto, avanzaba, pero ingresaron las empresas de agitación, quienes trabajaban de agitadores, algo así como mercenarios virtuales que actúan como un ejército profesional. Objetivos, bombardeo, resultados…
La libertad de prensa se transformó en libertad de empresa, y en agitación de corrientes, a cuyos efectos pagados por partidos políticos con fondos públicos, es corrupción, por cuanto el beneficio es de una organización privada o semi-pública (social, pero no pública).
El gobierno electrónico puede ayudar en los objetivos del milenio de las naciones unidas se transforme en una realidad. Quizá el enfoque excesivo en el factor de “servicios” que considera a los destinatarios meros clientes resulte escaso en esta dirección.
Considerando que los 6 objetivos del milenio emplazados entre 1990 y 2015 son a estas alturas difíciles de alcanzar, el indicador Global E-Government Index es insuficiente para reflejar la forma en que el gobierno electrónico ayuda a alcanzar estos objetivos.
La atomización de los índices en medir progresiones básicamente en servicios, deja una imagen técnica en desmedro de las propias estructuras de las sociedades democráticas. El cliente tiene derechos de consumidor distintos en las jurisdicciones, mientras que los ciudadanos una declaración universal de derechos humanos.
Esta semana observo una cantidad de post que tratan el Open Government y que se relaciona con Obama por una cuestión de idioma y poro la directiva que el presidente americano (texto oficial).
Me percato que esta lectura es redundante, la misma que a fines de 2008. En pocas palabras, remembranzas de lo leído y las últimas gotas de jugo de un tema que se agita, se dice, pero al parecer se agota… Digo esto ya que en concreto, en material de muestra, se torna escaso y ficticio.
La cuestión de la transparencia es curiosa y central. Dijimos que las organizaciones no tienen una cultura, sino múltiples culturas que se amalgaman y que la mayor influencia que reciben es del contexto social en que desarrollan su actividad.
Ergo, la cultura pública es influida por una cultura social. En el caso americano, esa exaltación del individualismo es la marca de la cultura general y de la cultura pública. Ahora bien, puede Obama hacer hincapié en la “transparencia”, pero en el seno social un puñado de dólares vuelve la transparencia es un concepto efímero.
Lo dijimos hace unos días, las incompatibilidades en materia de legislación eran más que importante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
No nos extraña que Zapatero haya incluido en el paquete de la Ley de Economía sostenible la posibilidad de un corte de conexión al servicio de Internet, priorizando los derechos de autor por sobre los derechos individuales fundamentales.
Este choque entre derechos y voluntad de inclusión, que eleva unos por sobre los jerárquicamente superiores, produce un desequilibrio fundamental en materia legislativa, ya que lo accesorio sigue a lo principal, colocar lo accesorio por encima es como poner los caballos delante de la carreta.
Es auspicioso sin duda, que gran parte del sector TICs dedicado al tema de los servicios 2.0 en la UE y los EEUU estén formulando una verdadera ola con post, documentos, declaraciones y teorías con el objeto de institucionalizar estos instrumentos en la gestión pública.
La Open Declaration es uno de estos documentos que intentan alertar su necesidad, nosotros intentamos nuestro aporte: The fiftth principle y apoyando el cuarto principio expresado por Andrés.
En neocivis solemos utilizar el término Social Government refiriéndolos al conjunto de estos instrumentos, creemos que es más correcto hablar de un gobierno social dadas las circunstancias de evolución de esta transición hacia la sociedad de la información.
Se trata de algo más que una cuestión semántica, más bien un desmarque de la ideología doscerista que circunda la mayoría de organizaciones alrededor de la aplicación TICs al gobierno electrónico, y que suma además confusiones entre eGobierno y eAdminstración, producto de improvisaciones por parte de actores, políticos y medios, cuando no de improvisados culminando en visiones de gobernanza estrecha…
Los ingredientes del gobierno electrónico continúan en el sendero imperecedero de su condición social, en línea con lo expuesto en la carta Iberoamericana 2007, y del que los actores en la UE podría extraer excelentes argumentos a los ya expuestos en algunos documentos.
Hipótesis: Si Facebook fuese un país virtual, con sus más de 300 millones de usuarios tendría realizada la tarea de virtualización de su gobierno, en efecto es una plataforma de gobierno electrónico inundada de aplicaciones útiles (e inútiles) para sus ciudadanos (clientes-usuarios les llama la empresa). Esta pequeña visión es para iniciar un recorrido sobre las dificultades y ventajas más evidentes que tiene un gobierno como plataforma, con un ejemplo práctico aunque hipotético.
En nuestra hipótesis tendríamos un cúmulo de ventajas que no podríamos desperdiciar, entre ellas la posibilidad de conectar en una ventanilla única todo el tejido de gobierno bajo la óptica de red social y con todos los ingredientes del 2.0:
1) 100% de conectividad en la jurisdicción Facebook. Todos los ciudadanos estarían conectados (government as a provider).
