Lula ha sacado la pancarta para promocionar el nuevo portal del gobierno electrónico de Brasil. Dicho portal con un coste de 4,2 millones de dólaresofrece unos 500 servicios integrados en el mismo.
Accesibilidad y traducción son 2 características que se manifiestan muy positivas. Ingles, español y portugués se refleja en su interfaz inicial, poniendo de manifiesto la estrategia de integrar a sus vecinos y el lenguaje de los negocios.
Posibilidad de compartir en redes sociales, y rss constituyen nuevas aplicaciones. Según se publica en algunos periodicos, su realización coincide con los parámetros del índice eGovernment Readiness de la ONU que lo ubicó en el lugar nº10 en su última publicación..
El Global E-Government Index, constituye el Índice del valuación del gobiernoelectrónico en los Estados miembros de la ONU. Es una medida de observación que intenta valuar la capacidad y la voluntad de los países para utilizar las TIC dirigidas al desarrollo. Este indicador es construido principalmente por los siguientes índices:
Si 
una contribución sustancial y revolucionaria e innovadora en términos de transformación, debe introducir en la organización social el gobierno electrónico, será garantizar de forma efectiva los considerandos de la Declaración universal de los derechos humanos, como aspiración suprema.
A nivel de las jurisdicciones y en el ámbito de aplicación de sus normas, la libertad, la justicia y la paz como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, implica tener una visión suficientemente abarcativa de la sociedad, y no una mera porción de la misma.
Un gobierno electrónico debería constituir per se una evolución de la organización social y no un panopticon que suprima libertades en nombre del ejercicio del control. Evolucionar desde la organización pública hacia la sociedad, y la declaración universal de los derechos humanos podría inspirar las estrategias a fin de transformarlas en contributivas de una cooperación social hacia dentro de la jurisdicción y hacia afuera, procurando garantizar a las personas el uso pleno de sus libertades.
